1ra parte: La transformación que ya puede medirse
En política existe una trampa bastante cómoda: creer que reconocer un logro obliga a dejar de señalar los problemas. O, por el contrario, pensar que criticar un pendiente exige negar todo lo que se ha hecho.
Sonora merece una conversación más seria.
A casi cinco años del inicio del gobierno de Alfonso Durazo, ya es posible hacer un primer balance. No desde los discursos, los aplausos o las descalificaciones, sino desde los datos.
La conclusión inicial es clara: Sonora no está igual que en 2021.
La pobreza disminuyó, las becas crecieron como nunca, mejoraron algunos indicadores educativos, se redujeron carencias relacionadas con la vivienda y la alimentación y se amplió la atención institucional dirigida a las mujeres.
Eso no significa que los problemas estén resueltos. Significa que el rumbo cambió y que ahora corresponde discutir qué tan profundo ha sido ese cambio, a quiénes ha alcanzado y qué hace falta para consolidarlo.
Entre 2020 y 2024, la pobreza multidimensional en Sonora bajó de 29.9% a 14.1%. También disminuyeron el rezago educativo y las carencias relacionadas con vivienda, servicios básicos y alimentación. El contraste está en la salud: la población sin acceso efectivo pasó de 20.1% a 24.1%. Reconocer los avances también significa mirar con claridad dónde hace falta profundizar la transformación.
El dato que cambia la conversación: la pobreza cayó a menos de la mitad
En 2020, casi tres de cada diez habitantes de Sonora vivían en situación de pobreza multidimensional. La proporción era de 29.9%.
Para 2024 había bajado a 14.1%.
La pobreza extrema también descendió: pasó de 3.5% a 1.5%. La población con ingresos inferiores a la línea de pobreza disminuyó de 40.1% a 18.6%, mientras que la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad cayó de 22.3% a 14.2%.
No es un cambio menor. Representa cientos de miles de personas que mejoraron su situación respecto de los indicadores utilizados para medir ingresos, alimentación, educación, vivienda, salud y seguridad social.
Ahora bien, tampoco sería riguroso atribuir toda esa reducción exclusivamente al gobierno estatal. En ella influyeron el aumento nacional del salario mínimo, las pensiones y programas federales, la recuperación económica posterior a la pandemia, las remesas, el empleo y las políticas sociales de distintos órdenes de gobierno.
Pero reconocer esa concurrencia no borra el papel del gobierno de Alfonso Durazo.
Su administración modificó la jerarquía de las prioridades estatales. La política social dejó de aparecer como un complemento del presupuesto y comenzó a ocupar un lugar central. Becas, programas alimentarios, apoyos para grupos vulnerables, regularización de vivienda e infraestructura social formaron parte de una estrategia que acompañó la reducción de la pobreza.
El resultado no puede adjudicarse a una sola institución, pero tampoco puede explicarse ignorando el cambio de orientación del Gobierno de Sonora.
Las becas sí representan una ruptura
El programa de becas es probablemente la política estatal que mejor expresa ese cambio.
El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora reportó que en 2025 fueron entregadas 141 mil 798 becas y estímulos, con una inversión de poco más de 790 millones de pesos.
Como referencia, el propio instituto registra que en 2021, último año de la administración anterior, se otorgaron 8 mil 734 apoyos. La diferencia de escala es evidente.
No se trata únicamente de haber aumentado un presupuesto. La beca se convirtió en una de las principales señales políticas del gobierno: priorizar a quienes estudian y tratar de impedir que la falta de dinero obligue a abandonar la escuela.
Eso merece reconocerse.
También debe evaluarse con mayor profundidad. El informe anual de 2025 muestra que se alcanzaron 141 mil 798 beneficiarios frente a una meta programada superior a 180 mil. Es decir, hubo una cobertura amplia, pero no se cumplió completamente el objetivo previsto.
Además, una beca no sustituye una buena escuela. Ayuda a permanecer, pero no garantiza por sí sola mejores aprendizajes, instalaciones suficientes, conectividad, docentes en todas las comunidades o un empleo digno al terminar los estudios.
La siguiente etapa de la política educativa debe conservar la amplitud de las becas y, al mismo tiempo, concentrarse en la calidad, la permanencia, el rezago y las oportunidades que esperan a los jóvenes después del aula.
También hay señales positivas dentro de las escuelas
El rezago educativo en Sonora disminuyó de 15.6% de la población en 2020 a 13.7% en 2024. La reducción es moderada, pero indica una mejora en uno de los componentes estructurales de la pobreza.
Otros indicadores ayudan a observar lo que ocurre dentro de los planteles, aunque deben leerse con cautela porque corresponden a zonas urbanas de 100 mil habitantes o más.
En 2021, el 82.8% de las personas usuarias de la educación pública obligatoria consideraba que las escuelas cumplían con los días de clase programados. Para 2025, la proporción subió a 89.2%.
En el mismo periodo, quienes reportaron salones sin saturación pasaron de 48.3% a 58.2%.
Son avances concretos, aunque todavía insuficientes.
Que cuatro de cada diez usuarios sigan percibiendo aulas saturadas obliga a mirar las diferencias entre Hermosillo, Cajeme o Nogales y las escuelas de la sierra, el desierto, las comunidades indígenas y los municipios pequeños.
Sonora no puede limitarse a entregar más apoyos. Necesita construir un sistema educativo que ofrezca condiciones semejantes sin importar el lugar donde haya nacido un estudiante.
La salud sigue siendo el contraste más incómodo
En salud, el balance es menos favorable.
Durante estos años se han impulsado proyectos hospitalarios y mejoras de infraestructura en coordinación con el Gobierno de México. También se ha avanzado en la reorganización de servicios bajo el esquema federal de IMSS-Bienestar.
Sin embargo, el acceso efectivo sigue siendo uno de los principales pendientes.
En 2020, el 20.1% de la población de Sonora presentaba carencia por acceso a servicios de salud. Para 2024, la proporción aumentó a 24.1%. Aunque el dato fue ligeramente mejor que el 24.4% registrado en 2022, todavía se encontraba por encima del nivel previo al inicio de la administración.
En las ciudades de más de 100 mil habitantes, la proporción de usuarios que encontró clínicas y hospitales estatales sin saturación pasó de 26.5% en 2021 a 30.3% en 2025.
Hubo una mejoría, pero el fondo sigue siendo preocupante: sólo tres de cada diez usuarios consideraron que la atención no estaba saturada.
Aquí no basta con inaugurar instalaciones o incorporar nuevos esquemas administrativos. La salud se evalúa en la consulta conseguida a tiempo, el medicamento disponible, el especialista que no obliga a viajar cientos de kilómetros y la atención que recibe una familia cuando más la necesita.
Es probablemente el rubro donde la transformación debe acelerar y traducirse con mayor claridad en la vida cotidiana.
Mejoraron la vivienda, los servicios básicos y la alimentación
Los indicadores relacionados con la vivienda muestran una evolución favorable.
La carencia por calidad y espacios de la vivienda disminuyó de 8.6% en 2020 a 7.3% en 2024. La falta de servicios básicos bajó de 10.1% a 6.8% y la carencia alimentaria pasó de 22.3% a 14.2%.
Son cifras que suelen recibir menos atención que una gran obra, pero tienen una relación directa con la vida diaria.
Una vivienda con agua, drenaje, electricidad, pisos adecuados y espacio suficiente cambia la salud, la seguridad y las posibilidades de una familia. Lo mismo ocurre cuando disminuye la preocupación constante por conseguir alimentos.
El gobierno de Durazo también ha impulsado la regularización de propiedades y su incorporación al programa nacional de vivienda. Estos esfuerzos avanzan en la dirección correcta, sobre todo para familias que han vivido durante años sin certeza jurídica.
Pero el concepto de vivienda necesita ampliarse.
No basta con construir casas. Hay que evitar que las familias sean enviadas a las orillas de las ciudades, lejos de las escuelas, los empleos, el transporte y los servicios. Una vivienda social aislada puede resolver una necesidad patrimonial y, al mismo tiempo, crear nuevos problemas de movilidad, cuidado y convivencia.
La siguiente transformación urbana debe medir no sólo cuántas viviendas se entregan, sino qué tan habitables son las colonias que se están construyendo.
Más atención para las mujeres, pero todavía sin una nueva medición del problema
En materia de igualdad y atención a la violencia también se amplió la presencia institucional.
En Sonora operan 19 Centros LIBRE distribuidos en distintos municipios. Al cierre de 2025, los centros, las unidades de atención, la línea 079 y el programa de Abogadas de las Mujeres reportaron 49 mil 865 servicios especializados. A ellos se sumaron más de 44 mil atenciones psicológicas, jurídicas y sociales proporcionadas con recursos estatales.
Acercar estos servicios a los municipios es importante. Antes, muchas mujeres debían trasladarse a las principales ciudades para encontrar orientación jurídica o acompañamiento psicológico.
Pero el tamaño del problema sigue siendo enorme.
La ENDIREH 2021 estimó que 71.6% de las mujeres sonorenses de 15 años o más había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El 44.5% declaró haberla vivido durante los doce meses anteriores a la encuesta.
Todavía no existe una nueva edición plenamente comparable que permita saber si esa prevalencia ha disminuido durante la actual administración.
Por eso no basta con contar servicios. También necesitamos conocer cuántas mujeres recibieron protección efectiva, cuánto tardaron las autoridades en responder, cuántos casos llegaron a una resolución y cuántas pudieron reconstruir su vida fuera de una situación de violencia.
Atender más es un avance. Prevenir y reducir la violencia debe ser la meta.
Entonces, ¿hubo una transformación social?
Los datos indican que sí hubo un cambio.
La pobreza cayó de manera importante. Las becas adquirieron una dimensión inédita. Mejoraron algunos indicadores educativos, alimentarios y de vivienda. Se ampliaron los servicios para las mujeres y la política social obtuvo mayor peso dentro de las prioridades estatales.
Negarlo sería poco honesto.
También sería poco honesto afirmar que todo está resuelto.
La salud continúa siendo un gran pendiente. Las becas deben acompañarse de mejores escuelas y oportunidades laborales. Las políticas para las mujeres necesitan resultados verificables más allá del número de atenciones. La vivienda debe vincularse con ciudades dignas y comunidades habitables.
El principal mérito del gobierno de Alfonso Durazo ha sido cambiar el punto de partida: colocar el bienestar, la educación y la reducción de las desigualdades en el centro de la acción pública.
La tarea de los próximos años consiste en convertir esa orientación en capacidades duraderas.
Porque una transformación no se consolida únicamente cuando aumenta un presupuesto o mejora un indicador. Se consolida cuando las personas pueden reconocer el cambio en su escuela, su centro de salud, su colonia y su propia casa.
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