Bitácora de Campo
Por Mixa Endi Zúñiga
Muchas Políticas Públicas, poca punteria.
Además de los recursos económicos, muchas veces falta algo igual de importante, articulación. Hay programas, fideicomisos, planes municipales, obras, convocatorias, consejos, comités y discursos de desarrollo. Muchos de esos esfuerzos nacen con buena intención y con funcionarios que, desde sus áreas, intentan resolver problemas reales. El punto es que el sistema público suele trabajar por partes. Cada institución atiende su tramo, cada programa cumple sus reglas, cada administración ordena sus prioridades y cada obra responde a una necesidad inmediata.
El resultado no siempre es falta de trabajo. A veces es falta de articulación. Una política pública no debería entenderse como un documento, una foto o una obra aislada. En el mejor de los casos, debería ser una ruta clara para resolver problemas comunes. Y en una región como Sonoyta, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, los problemas no vienen separados. El agua se cruza con la vivienda, la movilidad con el turismo, la conservación con la economía, la carretera con el comercio y los servicios públicos con el crecimiento urbano.
Ese es el contexto en el que programas como el PROCODES cobran sentido. El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible busca apoyar a comunidades vinculadas con áreas naturales protegidas para que puedan conservar el territorio y, al mismo tiempo, desarrollar actividades compatibles con el ambiente. Su lógica es valiosa porque entiende que cuidar el entorno no tiene por qué ser un obstáculo para la vida comunitaria. También puede ser una oportunidad para generar capacidades locales, trabajo y alternativas productivas.
El reto aparece cuando ese tipo de programas no se conecta con una estrategia regional más amplia. Un apoyo productivo puede servir. Una capacitación también. Una acción de restauración, una jornada ambiental o un proyecto comunitario pueden ser positivos. Pero si cada cosa camina sola, sin seguimiento técnico, sin conexión con mercados, permisos, municipios, turismo responsable, educación ambiental o financiamiento posterior, el impacto se vuelve limitado.
Esta misma dificultad se repite en los instrumentos municipales de planeación. Los planes de desarrollo, los programas presupuestales y los documentos de ordenamiento deberían ayudar a decidir mejor. Sin embargo, por una costumbre sistémica que rebasa a una sola administración, muchas veces terminan funcionando más como requisitos formales que como brújulas reales de gobierno. Se elaboran, se presentan, se aprueban y se citan en informes, pero en la práctica no siempre logran orientar el presupuesto, las metas, los indicadores ni las obras prioritarias.
No se trata de señalar a un funcionario o a un gobierno en particular. Es una forma de operación que se ha vuelto común en muchos municipios del país. El aparato público se acostumbró a planear por obligación y ejecutar por urgencia. Así se abre una distancia peligrosa entre lo que se promete en los documentos y lo que realmente ocurre en el territorio.
En materia urbana, esa distancia se nota con claridad. Un programa de desarrollo urbano no debería limitarse a acomodar lotes, vialidades y usos de suelo. Eso es necesario, pero insuficiente. Planear una ciudad también implica pensar en vivienda, agua, drenaje, movilidad, sombra, parques, residuos, accesibilidad, transporte, riesgo climático y calidad de vida.
En Puerto Peñasco, el crecimiento urbano exige pasar del acomodo del desarrollo a una verdadera integración sustentable de la ciudad. No se trata solo de ordenar dónde puede crecer la mancha urbana, sino de pensar cómo se conecta ese crecimiento con las colonias, los servicios, la movilidad diaria, el acceso a la playa, el tratamiento de aguas, la vivienda de los trabajadores y la protección del entorno.
Sonoyta, por su parte, tiene una oportunidad importante al encontrarse todavía en proceso de construir o consolidar sus instrumentos de planeación urbana. Planear antes de que los problemas se acumulen siempre será mejor que corregir tarde. Su condición fronteriza, su relación con Puerto Peñasco, su papel en la movilidad regional y su entorno desértico obligan a pensar con visión propia, no copiando modelos urbanos de otros lugares.
La infraestructura regional también forma parte de esta conversación. El Fideicomiso Puente Río Colorado es un mecanismo relevante de financiamiento para obras públicas. El peaje del puente que cruza el Río Colorado y conecta San Luis Río Colorado con Mexicali se destina a infraestructura para San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco, de manera proporcional a su población. Además, existe un consejo que revisa y aprueba las inversiones.
Ese diseño tiene valor porque permite que un flujo regional se traduzca en infraestructura para los municipios. Aun así, el desafío sigue siendo evitar que los recursos se dispersen en obras útiles, pero desconectadas entre sí. Una calle, un parque, una unidad deportiva, una obra de drenaje o una vialidad pueden ser necesarias, pero tendrían más fuerza si formaran parte de una estrategia de largo plazo y no solo de una lista de necesidades inmediatas.
No se trata de descalificar lo que se hace. Muchas obras resuelven problemas concretos y muchas decisiones públicas se toman con recursos limitados, presión social y tiempos administrativos cortos. Precisamente por eso hace falta una visión regional que ayude a priorizar mejor. No cada obra por separado, sino cada obra dentro de una ruta.
La región necesita que sus programas, planes y fideicomisos conversen entre sí. Que PROCODES no camine aislado de los municipios. Que los planes de desarrollo no se queden como documentos decorativos. Que los programas urbanos no solo sigan al mercado, sino que orienten una ciudad más habitable. Que el Fideicomiso Puente Río Colorado no solo financie infraestructura, sino que ayude a construir tiros de precisión para el futuro regional.
Aquí entra una palabra que a veces suena complicada, pero que en realidad puede explicarse de manera sencilla. Gobernanza significa que los asuntos públicos no se resuelven solo desde una oficina de gobierno, sino mediante la coordinación entre instituciones, municipios, comunidades, organizaciones, universidades, sectores productivos y ciudadanía. No sustituye al gobierno ni le quita responsabilidad. Al contrario, lo obliga a conducir mejor, escuchar más y ordenar esfuerzos que ya existen en el territorio.
Gobernanza no es hacer más reuniones ni crear más consejos para la foto. Es lograr que quienes toman decisiones compartan información, definan prioridades, den seguimiento y construyan acuerdos que sobrevivan al cambio de administración. En una región como esta, la gobernanza sirve para que el pescador, el productor, la colonia, el empresario, la universidad, el área natural protegida y el municipio no hablen idiomas distintos cuando están enfrentando problemas conectados.
Sonoyta, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado comparten más de lo que a veces reconocen. Comparten desierto, frontera, carreteras, turismo, comercio, agua, conservación, movilidad y retos sociales. Ningún municipio puede resolver por completo estos temas desde su propio escritorio. Hace falta coordinación interinstitucional real, con objetivos comunes, indicadores útiles, seguimiento público y proyectos que no mueran al cambiar la administración.
La política pública en el desierto no necesita más palabras difíciles. Necesita conexión. Necesita que cada peso, cada programa y cada obra empujen hacia un mismo horizonte. Que los planes sirvan para decidir, que los indicadores sirvan para corregir, que los consejos sirvan para orientar y que los recursos sirvan para transformar, no solo para cumplir.
Porque en el desierto no basta con hacer cosas. Hay que hacerlas con dirección. Y para eso no alcanza con gobierno solo, ni con ciudadanía sola, ni con programas aislados. Hace falta gobernanza, entendida de la forma más simple posible, como la capacidad de ponernos de acuerdo para cuidar, ordenar y construir mejor la región que compartimos
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